Cargos construidos con registros, decididos por la ley
Wisconsin trata la mala conducta oficial como un delito grave. Un funcionario o empleado público acusado bajo § 946.12 o § 946.13 enfrenta un delito grave de Clase I, y una condena por delito grave tiene una consecuencia que la mayoría de los acusados nunca enfrenta: bajo el Artículo XIII, Sección 3 de la Constitución de Wisconsin, hace que la persona no sea elegible para ocupar un cargo público, salvo que sea indultada. Estos cargos alcanzan a funcionarios electos, miembros de juntas designados, empleados municipales y del condado, personal de distritos escolares y cualquier otra persona que sirva a un organismo público.
Defendemos a personas acusadas bajo las leyes de mala conducta oficial en el Tribunal de Circuito del Condado de Racine, 730 Wisconsin Avenue, y en el Tribunal de Circuito del Condado de Kenosha, 912 56th Street, desde nuestras oficinas en Racine y Kenosha. Nuestro socio fundador, Patrick K. Cafferty, defiende casos de delitos graves en Wisconsin desde 1994. El trabajo empieza con la ley y con los registros en los que se apoya el Estado.
- Mala conducta en cargo público, § 946.12. Cinco delitos definidos por separado, que se detallan abajo. Delito grave de Clase I.
- Interés privado en contrato público, § 946.13. Un interés pecuniario privado en un contrato en el que el funcionario o empleado tiene una función oficial. Delito grave de Clase I.
- Soborno de funcionarios y empleados públicos, § 946.10. Ofrecer o aceptar una ventaja no autorizada para influir en una actuación oficial. Delito grave de Clase H.
- Máximo de Clase I: 3 años y 6 meses y $10,000, § 939.50(3)(i); encarcelamiento de hasta 1 año y 6 meses, § 973.01(2).
- Máximo de Clase H: 6 años y $10,000, § 939.50(3)(h); encarcelamiento de hasta 3 años.
- Elegibilidad para el cargo: una condena por delito grave impide ocupar un cargo, salvo indulto, Wis. Const. art. XIII, § 3.
Mala conducta en cargo público, § 946.12
La sección 946.12 no es un solo delito. Enumera cinco, y cada uno tiene sus propios elementos:
- § 946.12(1), no cumplir un deber. No cumplir o negarse intencionalmente a cumplir, dentro del plazo o en la forma que exige la ley, un deber conocido del cargo que es obligatorio, no discrecional y ministerial.
- § 946.12(2), exceder la autoridad legal. Realizar, en capacidad oficial, un acto que el funcionario o empleado sabe que excede su autoridad legal o sabe que la ley prohíbe.
- § 946.12(3), ejercer la discreción para obtener una ventaja deshonesta. Ejercer una facultad discrecional de manera incompatible con los deberes del cargo o con los derechos de otros, con la intención de obtener una ventaja deshonesta para sí o para otra persona.
- § 946.12(4), falsificar registros. Falsificar intencionalmente, en un aspecto importante, una anotación en una cuenta, libro de registro, declaración, certificado, informe o estado de cuenta.
- § 946.12(5), solicitar o aceptar un cobro ilegal. Al amparo del cargo, solicitar o aceptar intencionalmente por un servicio o deber algo de valor que el funcionario o empleado sabe que es mayor o menor que lo fijado por la ley.
Las palabras de conocimiento e intención de cada subsección son elementos que el Estado debe probar. Las anotaciones oficiales recogen que § 946.12(3) exige probar, como elementos separados, tanto que la conducta era incompatible con los deberes del cargo como que se realizó con la intención de obtener una ventaja deshonesta, State v. Jensen, 2007 WI App 256. También recogen que § 946.12(3) se aplica a actos realizados al amparo del cargo y bajo facultades de hecho conferidas por la práctica y la costumbre, State v. Tronca, 84 Wis. 2d 68 (1978), y que los deberes de un legislador pueden determinarse a partir de fuentes que incluyen manuales de políticas, leyes y reglas legislativas, State v. Chvala, 2004 WI App 53, confirmado en 2005 WI 30. Bajo § 946.18, las secciones 946.10 a 946.17 se aplican a los funcionarios públicos, estén legalmente constituidos o ejerzan facultades como si lo estuvieran.
Interés privado en un contrato público, § 946.13
La sección 946.13 está dirigida a los conflictos de interés en la contratación pública. Tiene dos párrafos:
- § 946.13(1)(a) se aplica cuando el funcionario o empleado, en capacidad privada, negocia, licita o celebra un contrato en el que tiene un interés pecuniario privado, directo o indirecto, mientras la ley lo autoriza o lo obliga a participar oficialmente en la celebración de ese contrato o a ejercer discreción sobre él.
- § 946.13(1)(b) se aplica cuando el funcionario o empleado, en capacidad oficial, participa en la celebración de un contrato en el que tiene ese interés, o desempeña una función discrecional respecto de él.
Un contrato celebrado en violación de la sección es nulo, § 946.13(3). Como las anotaciones oficiales recogen que § 946.13(1)(b) es un delito de responsabilidad objetiva sin el elemento de motivo corrupto, State v. Stoehr, 134 Wis. 2d 66 (1986), la defensa en estos casos normalmente gira en torno a los elementos que quedan: si hubo un contrato, si el interés era privado y pecuniario, qué función oficial tuvo realmente el acusado en su celebración, y si se aplica una excepción. Las anotaciones incluyen dos ejemplos de cómo se deciden esos elementos:
- Un miembro de la junta del condado que aceptó un empleo. El miembro no violó § 946.13(1) al aceptar un empleo como administrador de un aeropuerto del que el condado era copropietario, cuando fue nombrado con el consejo y la aprobación del abogado corporativo del condado (corporation counsel), State v. Davis, 63 Wis. 2d 75 (1974).
- Un puesto que todavía no existía. Un acusado no podía haber tenido un interés pecuniario en un puesto que aún no se había publicado, ni haberlo negociado en capacidad privada, State v. Venema, 2002 WI App 202.
Las excepciones de § 946.13(2)
La ley no se aplica a los contratos en los que un solo funcionario o empleado tiene un interés privado y que no implican ingresos y desembolsos del estado o de la subdivisión política que sumen más de $15,000 en un año, § 946.13(2)(a). También excluye:
- los depósitos de fondos públicos en depositarios públicos;
- los préstamos bajo § 67.12;
- los avisos legales publicados a la tarifa legal;
- ciertas transacciones de títulos fiscales y de bonos;
- los pagos bajo los programas enumerados de conservación, preservación de tierras agrícolas y calidad del agua.
Otras subsecciones tratan las tenencias pequeñas de acciones, § 946.13(5); los directores y empleados bancarios remunerados, § 946.13(7); y los abogados de firmas que actúan como asesores legales del organismo público, § 946.13(11). Si se aplica una excepción es una cuestión de ley y de registros, y es una de las primeras cosas que examinamos.
Soborno, § 946.10
El soborno funciona en ambas direcciones. La sección 946.10(1) se aplica a quien transfiere o promete a un funcionario o empleado público cualquier bien o ventaja personal que el funcionario o empleado no está autorizado a recibir, con la intención de influir en su conducta oficial o de inducirlo a violar un deber legal. La sección 946.10(2) se aplica al funcionario o empleado que acepta u ofrece aceptar ese bien o esa ventaja con el entendimiento de actuar de cierta manera. Ambos son delitos graves de Clase H. Las anotaciones oficiales recogen que la intención de influir puede probarse con evidencia circunstancial, State v. Rosenfeld, 93 Wis. 2d 325 (1980), y por eso los registros y las comunicaciones que rodean los hechos son centrales en estos casos.
Cómo abordamos la defensa
- Identificar la subsección. Una denuncia que cita § 946.12 o § 946.13 sin la subsección no dice lo que el Estado tiene que probar. Empezamos por fijar el cargo exacto y sus elementos.
- Establecer los deberes reales. Muchos de estos delitos dependen de lo que el cargo exigía o autorizaba. Leemos las ordenanzas, leyes, políticas, descripciones de puesto y actas que definían la función.
- Leer los registros en orden. Las votaciones, contratos, publicaciones de puestos, correos electrónicos y registros de nómina establecen quién hizo qué y cuándo. La secuencia a menudo decide si el acusado tenía la función oficial que exige la ley.
- Poner a prueba las excepciones. El umbral de $15,000 y las demás excepciones de § 946.13(2) son defensas legales, no argumentos para pedir clemencia.
- Impugnar el conocimiento y la intención. Cuando una subsección exige conocimiento o el propósito de obtener una ventaja deshonesta, el Estado debe probarlo más allá de toda duda razonable.
- Proteger la elegibilidad para el cargo. Como una condena por delito grave activa el Artículo XIII, Sección 3, la clasificación de cualquier resolución del caso se evalúa junto con la sentencia.
Llame antes de responder preguntas
Las investigaciones de mala conducta oficial a menudo empiezan con una auditoría, una queja o una noticia, y pasan de los registros a las entrevistas. Llame al (262) 632-5000, las 24 horas, o comuníquese con Cafferty, Scheidegger & Johnson para una consulta gratuita y confidencial en 840 Lake Avenue en Racine o 7001 30th Avenue en Kenosha. El abogado Juan S. Ramirez atiende estos casos directamente en español.
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Fuentes:
- Legislatura del Estado de Wisconsin: § 946.12, Mala conducta en cargo público
- Legislatura del Estado de Wisconsin: § 946.13, Prohibición de interés privado en contrato público
- Legislatura del Estado de Wisconsin: § 946.10, Soborno de funcionarios y empleados públicos
- Legislatura del Estado de Wisconsin: § 946.18, Las secciones de mala conducta se aplican a todos los funcionarios públicos
- Legislatura del Estado de Wisconsin: § 939.50, Clasificación de delitos graves
- Legislatura del Estado de Wisconsin: § 973.01, Sentencia bifurcada de prisión y supervisión extendida
- Legislatura del Estado de Wisconsin: Constitución de Wisconsin, Artículo XIII, Sección 3, Elegibilidad para el cargo