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Defensa de Funcionarios y Empleados Públicos Acusados bajo las Leyes de Mala Conducta Oficial de Wisconsin

¿Acusado bajo Wis. Stat. § 946.12 o § 946.13? Mala conducta en cargo público, interés privado en contrato público y soborno, según la ley.

Cargos construidos con registros, decididos por la ley

Wisconsin trata la mala conducta oficial como un delito grave. Un funcionario o empleado público acusado bajo § 946.12 o § 946.13 enfrenta un delito grave de Clase I, y una condena por delito grave tiene una consecuencia que la mayoría de los acusados nunca enfrenta: bajo el Artículo XIII, Sección 3 de la Constitución de Wisconsin, hace que la persona no sea elegible para ocupar un cargo público, salvo que sea indultada. Estos cargos alcanzan a funcionarios electos, miembros de juntas designados, empleados municipales y del condado, personal de distritos escolares y cualquier otra persona que sirva a un organismo público.

Defendemos a personas acusadas bajo las leyes de mala conducta oficial en el Tribunal de Circuito del Condado de Racine, 730 Wisconsin Avenue, y en el Tribunal de Circuito del Condado de Kenosha, 912 56th Street, desde nuestras oficinas en Racine y Kenosha. Nuestro socio fundador, Patrick K. Cafferty, defiende casos de delitos graves en Wisconsin desde 1994. El trabajo empieza con la ley y con los registros en los que se apoya el Estado.

Las leyes de mala conducta oficial de Wisconsin, en resumen
  • Mala conducta en cargo público, § 946.12. Cinco delitos definidos por separado, que se detallan abajo. Delito grave de Clase I.
  • Interés privado en contrato público, § 946.13. Un interés pecuniario privado en un contrato en el que el funcionario o empleado tiene una función oficial. Delito grave de Clase I.
  • Soborno de funcionarios y empleados públicos, § 946.10. Ofrecer o aceptar una ventaja no autorizada para influir en una actuación oficial. Delito grave de Clase H.
  • Máximo de Clase I: 3 años y 6 meses y $10,000, § 939.50(3)(i); encarcelamiento de hasta 1 año y 6 meses, § 973.01(2).
  • Máximo de Clase H: 6 años y $10,000, § 939.50(3)(h); encarcelamiento de hasta 3 años.
  • Elegibilidad para el cargo: una condena por delito grave impide ocupar un cargo, salvo indulto, Wis. Const. art. XIII, § 3.

Mala conducta en cargo público, § 946.12

La sección 946.12 no es un solo delito. Enumera cinco, y cada uno tiene sus propios elementos:

  • § 946.12(1), no cumplir un deber. No cumplir o negarse intencionalmente a cumplir, dentro del plazo o en la forma que exige la ley, un deber conocido del cargo que es obligatorio, no discrecional y ministerial.
  • § 946.12(2), exceder la autoridad legal. Realizar, en capacidad oficial, un acto que el funcionario o empleado sabe que excede su autoridad legal o sabe que la ley prohíbe.
  • § 946.12(3), ejercer la discreción para obtener una ventaja deshonesta. Ejercer una facultad discrecional de manera incompatible con los deberes del cargo o con los derechos de otros, con la intención de obtener una ventaja deshonesta para sí o para otra persona.
  • § 946.12(4), falsificar registros. Falsificar intencionalmente, en un aspecto importante, una anotación en una cuenta, libro de registro, declaración, certificado, informe o estado de cuenta.
  • § 946.12(5), solicitar o aceptar un cobro ilegal. Al amparo del cargo, solicitar o aceptar intencionalmente por un servicio o deber algo de valor que el funcionario o empleado sabe que es mayor o menor que lo fijado por la ley.

Las palabras de conocimiento e intención de cada subsección son elementos que el Estado debe probar. Las anotaciones oficiales recogen que § 946.12(3) exige probar, como elementos separados, tanto que la conducta era incompatible con los deberes del cargo como que se realizó con la intención de obtener una ventaja deshonesta, State v. Jensen, 2007 WI App 256. También recogen que § 946.12(3) se aplica a actos realizados al amparo del cargo y bajo facultades de hecho conferidas por la práctica y la costumbre, State v. Tronca, 84 Wis. 2d 68 (1978), y que los deberes de un legislador pueden determinarse a partir de fuentes que incluyen manuales de políticas, leyes y reglas legislativas, State v. Chvala, 2004 WI App 53, confirmado en 2005 WI 30. Bajo § 946.18, las secciones 946.10 a 946.17 se aplican a los funcionarios públicos, estén legalmente constituidos o ejerzan facultades como si lo estuvieran.

Interés privado en un contrato público, § 946.13

La sección 946.13 está dirigida a los conflictos de interés en la contratación pública. Tiene dos párrafos:

  • § 946.13(1)(a) se aplica cuando el funcionario o empleado, en capacidad privada, negocia, licita o celebra un contrato en el que tiene un interés pecuniario privado, directo o indirecto, mientras la ley lo autoriza o lo obliga a participar oficialmente en la celebración de ese contrato o a ejercer discreción sobre él.
  • § 946.13(1)(b) se aplica cuando el funcionario o empleado, en capacidad oficial, participa en la celebración de un contrato en el que tiene ese interés, o desempeña una función discrecional respecto de él.

Un contrato celebrado en violación de la sección es nulo, § 946.13(3). Como las anotaciones oficiales recogen que § 946.13(1)(b) es un delito de responsabilidad objetiva sin el elemento de motivo corrupto, State v. Stoehr, 134 Wis. 2d 66 (1986), la defensa en estos casos normalmente gira en torno a los elementos que quedan: si hubo un contrato, si el interés era privado y pecuniario, qué función oficial tuvo realmente el acusado en su celebración, y si se aplica una excepción. Las anotaciones incluyen dos ejemplos de cómo se deciden esos elementos:

  • Un miembro de la junta del condado que aceptó un empleo. El miembro no violó § 946.13(1) al aceptar un empleo como administrador de un aeropuerto del que el condado era copropietario, cuando fue nombrado con el consejo y la aprobación del abogado corporativo del condado (corporation counsel), State v. Davis, 63 Wis. 2d 75 (1974).
  • Un puesto que todavía no existía. Un acusado no podía haber tenido un interés pecuniario en un puesto que aún no se había publicado, ni haberlo negociado en capacidad privada, State v. Venema, 2002 WI App 202.

Las excepciones de § 946.13(2)

La ley no se aplica a los contratos en los que un solo funcionario o empleado tiene un interés privado y que no implican ingresos y desembolsos del estado o de la subdivisión política que sumen más de $15,000 en un año, § 946.13(2)(a). También excluye:

  • los depósitos de fondos públicos en depositarios públicos;
  • los préstamos bajo § 67.12;
  • los avisos legales publicados a la tarifa legal;
  • ciertas transacciones de títulos fiscales y de bonos;
  • los pagos bajo los programas enumerados de conservación, preservación de tierras agrícolas y calidad del agua.

Otras subsecciones tratan las tenencias pequeñas de acciones, § 946.13(5); los directores y empleados bancarios remunerados, § 946.13(7); y los abogados de firmas que actúan como asesores legales del organismo público, § 946.13(11). Si se aplica una excepción es una cuestión de ley y de registros, y es una de las primeras cosas que examinamos.

Soborno, § 946.10

El soborno funciona en ambas direcciones. La sección 946.10(1) se aplica a quien transfiere o promete a un funcionario o empleado público cualquier bien o ventaja personal que el funcionario o empleado no está autorizado a recibir, con la intención de influir en su conducta oficial o de inducirlo a violar un deber legal. La sección 946.10(2) se aplica al funcionario o empleado que acepta u ofrece aceptar ese bien o esa ventaja con el entendimiento de actuar de cierta manera. Ambos son delitos graves de Clase H. Las anotaciones oficiales recogen que la intención de influir puede probarse con evidencia circunstancial, State v. Rosenfeld, 93 Wis. 2d 325 (1980), y por eso los registros y las comunicaciones que rodean los hechos son centrales en estos casos.

Cómo abordamos la defensa

  1. Identificar la subsección. Una denuncia que cita § 946.12 o § 946.13 sin la subsección no dice lo que el Estado tiene que probar. Empezamos por fijar el cargo exacto y sus elementos.
  2. Establecer los deberes reales. Muchos de estos delitos dependen de lo que el cargo exigía o autorizaba. Leemos las ordenanzas, leyes, políticas, descripciones de puesto y actas que definían la función.
  3. Leer los registros en orden. Las votaciones, contratos, publicaciones de puestos, correos electrónicos y registros de nómina establecen quién hizo qué y cuándo. La secuencia a menudo decide si el acusado tenía la función oficial que exige la ley.
  4. Poner a prueba las excepciones. El umbral de $15,000 y las demás excepciones de § 946.13(2) son defensas legales, no argumentos para pedir clemencia.
  5. Impugnar el conocimiento y la intención. Cuando una subsección exige conocimiento o el propósito de obtener una ventaja deshonesta, el Estado debe probarlo más allá de toda duda razonable.
  6. Proteger la elegibilidad para el cargo. Como una condena por delito grave activa el Artículo XIII, Sección 3, la clasificación de cualquier resolución del caso se evalúa junto con la sentencia.

Llame antes de responder preguntas

Las investigaciones de mala conducta oficial a menudo empiezan con una auditoría, una queja o una noticia, y pasan de los registros a las entrevistas. Llame al (262) 632-5000, las 24 horas, o comuníquese con Cafferty, Scheidegger & Johnson para una consulta gratuita y confidencial en 840 Lake Avenue en Racine o 7001 30th Avenue en Kenosha. El abogado Juan S. Ramirez atiende estos casos directamente en español.

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Fuentes:

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Preguntas Frecuentes

¿Qué es la mala conducta en cargo público en Wisconsin?
La mala conducta en cargo público está definida en Wis. Stat. § 946.12. Se aplica a todo funcionario público o empleado público que haga cualquiera de cinco cosas: intencionalmente no cumple o se niega a cumplir, dentro del plazo o en la forma que exige la ley, un deber conocido de su cargo que es obligatorio, no discrecional y ministerial, § 946.12(1); en su capacidad oficial realiza un acto que sabe que excede su autoridad legal o que la ley prohíbe, § 946.12(2); ejerce una facultad discrecional de manera incompatible con los deberes del cargo o con los derechos de otros, con la intención de obtener una ventaja deshonesta para sí o para otra persona, § 946.12(3); falsifica intencionalmente, en un aspecto importante, una anotación en una cuenta, libro de registro, declaración, certificado, informe o estado de cuenta, § 946.12(4); o, al amparo de su cargo, solicita o acepta intencionalmente por un servicio o deber algo de valor que sabe que es mayor o menor que lo fijado por la ley, § 946.12(5).
¿Cuál es la pena por mala conducta en cargo público?
Toda forma de mala conducta en cargo público bajo § 946.12 es un delito grave de Clase I. Bajo § 939.50(3)(i), un delito grave de Clase I se castiga con una multa de hasta $10,000, hasta 3 años y 6 meses de prisión, o ambas. Bajo § 973.01(2), la parte de encarcelamiento de una sentencia de prisión no puede exceder 1 año y 6 meses y la supervisión extendida no puede exceder 2 años. Una condena por delito grave también tiene una consecuencia que importa especialmente a los funcionarios públicos: bajo el Artículo XIII, Sección 3 de la Constitución de Wisconsin, una persona condenada por un delito grave no es elegible para ningún cargo de confianza, lucro u honor en Wisconsin, salvo que haya sido indultada.
¿Qué es un interés privado en un contrato público?
La sección 946.13 convierte en delito grave de Clase I que un funcionario o empleado público tenga un interés pecuniario privado, directo o indirecto, en un contrato en el que tiene una función oficial. La sección 946.13(1)(a) cubre negociar, licitar o celebrar ese contrato en capacidad privada mientras la ley lo autoriza o lo obliga a participar oficialmente en su celebración o a ejercer discreción sobre él. La sección 946.13(1)(b) cubre participar, en capacidad oficial, en la celebración de un contrato en el que el funcionario o empleado tiene ese interés, o desempeñar una función discrecional respecto de él. Bajo § 946.13(4), un 'contrato' incluye una transmisión de bienes (conveyance).
¿Tiene el Estado que probar una intención corrupta?
Depende de la ley. Las anotaciones oficiales de § 946.13 recogen el fallo de la Corte Suprema de Wisconsin de que § 946.13(1)(b) es un delito de responsabilidad objetiva que no incluye el elemento de motivo corrupto, State v. Stoehr, 134 Wis. 2d 66 (1986). La mala conducta bajo § 946.12(3) es distinta: las anotaciones recogen que el Estado debe probar, como elementos separados, que la conducta era incompatible con los deberes del cargo y que se realizó con la intención de obtener una ventaja deshonesta, State v. Jensen, 2007 WI App 256. Varias de las otras subsecciones de § 946.12 dependen de lo que sabía el funcionario o empleado.
¿Hay excepciones a la ley de contratos públicos?
Sí, y a menudo son lo primero que hay que examinar. Bajo § 946.13(2)(a), § 946.13(1) no se aplica a los contratos en los que un solo funcionario o empleado público tiene un interés privado y que no implican ingresos y desembolsos del estado o de su subdivisión política que sumen más de $15,000 en un año. La ley enumera otras excepciones, entre ellas los depósitos de fondos públicos en depositarios públicos, los avisos legales publicados a la tarifa legal, ciertas ventas de bonos y ciertos programas de conservación y de tierras agrícolas. La sección 946.13(5) excluye de § 946.13(1)(b) la tenencia de no más del 2 por ciento de las acciones de una corporación involucrada en el contrato.
¿Se puede acusar a una persona que no es funcionario público?
Sí. Las anotaciones oficiales de § 946.12 recogen que una persona que no es funcionario público puede ser acusada como partícipe del delito de mala conducta oficial, State v. Tronca, 84 Wis. 2d 68 (1978). El soborno bajo § 946.10(1) también apunta a la persona del otro lado: quien, con la intención de influir en un funcionario o empleado público, transfiere o promete cualquier bien o ventaja personal que el funcionario o empleado no está autorizado a recibir es culpable de un delito grave de Clase H.
¿Cuál es la pena por sobornar a un funcionario público en Wisconsin?
El soborno bajo § 946.10 es un delito grave de Clase H tanto para quien ofrece como para el funcionario o empleado que acepta u ofrece aceptar. Bajo § 939.50(3)(h), un delito grave de Clase H se castiga con una multa de hasta $10,000, hasta 6 años de prisión, o ambas. Bajo § 973.01(2), el encarcelamiento no puede exceder 3 años y la supervisión extendida no puede exceder 3 años. Las anotaciones oficiales recogen que un jurado juramentado es un empleado público para efectos de § 946.10(2), State v. Sammons, 141 Wis. 2d 833 (Ct. App. 1987).
¿Una condena por delito grave pone fin a una carrera pública?
Bajo el Artículo XIII, Sección 3(2) de la Constitución de Wisconsin, una persona condenada por un delito grave en cualquier tribunal de los Estados Unidos no es elegible para ningún cargo de confianza, lucro u honor en Wisconsin, salvo que haya sido indultada. La misma sección se aplica a una condena por un delito menor que la ley designe como una violación de la confianza pública, y la Sección 3(3) prohíbe poner el nombre de esa persona en la boleta para un cargo electivo estatal o local. Tanto la mala conducta en cargo público como el interés privado en un contrato público son delitos graves, así que la clasificación de cualquier resolución del caso suele ser tan importante como la sentencia.
Me dijeron que estoy bajo investigación. ¿Qué debo hacer?
Hable con un abogado defensor antes de hablar con investigadores, auditores o la prensa. Los casos de mala conducta oficial normalmente se construyen a partir de registros: contratos, actas, votaciones, correos electrónicos, nóminas e informes de gastos. Lo que usted diga sobre esos registros, y cuándo lo diga, puede importar tanto como los registros mismos. Llame a Cafferty, Scheidegger & Johnson, S.C. al (262) 632-5000.

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